En unos días hará cuatro años del atentado de ETA en la T-4. Leo lo que ha sido de las familias de los dos fallecidos y me encuentro con lo siguiente:
– Todos los familiares de ambos recibieron la nacionalidad española al cabo de un mes.
– Los padres de Diego Armando Estacio, que llevaban ya divorciados once años cuando ocurrió el atentado, recibieron un piso cada uno de la Comunidad de Madrid en el ala norte de la ciudad.
– Tanto a una familia como a otra, el Gobierno les indemnizó con 240.000 euros iniciales y más adelante con otros 240.000 más.
– Al hermano de Carlos Palate, único de la familia que sigue en España, trabajando en una fábrica de calzados, la Generalitat Valenciana le subvenciona una vivienda. Es decir, desde entonces vive en una casa sin pagar alquiler. La madre y la hermana, ya con la nacionalidad española, regresaron a Ecuador donde compraron una casa con su parte de la indemnización.
– Al padre de Diego Armando Estacio le dieron un trabajo como administrador de un edificio, trabajo al que renunció porque estaba muy triste por la muerte del hijo y le dolía la cabeza. Ahora se queja de que quiere trabajar y nadie le da trabajo.
– La familia de Diego Armando Estacio no se conforma con la indemnización recibida y pide casi medio millón de euros más. Están en medio de un pleito por ese tema.
En general, todos se quejan de que no se les han compensado lo suficiente.
Todo esto me suscita una serie de dudas. Comprendo perfectamente que si los fallecidos hubieran dejado viuda e hijos pequeños éstos recibieran toda clase de ayudas. Pero, padres que llevaban muchos años ya divorciados, hermanas y hermanos, ¿tiene algún sentido que reciban pisos o cantidades de dinero?
Las familias de los españoles fallecidos en atentado posteriormente, como aquellos dos guardias civiles jovencillos que fueron tiroteados en una cafetería porque los terroristas creyeron que los habían reconocido, ¿han recibido pisos, puestos de trabajo, medio millón de euros?
Cuando un español sufre un atentado en el extranjero, por la misma regla de tres, debería ser el gobierno del país en cuestión quien se hiciera cargo de indemnizaciones y demás. Sin embargo, también en este caso es el gobierno español el que abre el bolsillo. ¿Por qué?
¿No existe una especie de complejo de culpa con los extranjeros de cualquier nacionalidad que constituye un agravio comparativo con los españoles?
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