El caso de la Junta de Andalucía es ya de tal envergadura que no parece posible que exista tal concentración de corrupción, cara dura, desprecio por la situación de los ciudadanos, hipocresía y ambición. Si fuera una película, dirían que a los guionistas se les ha ido la mano y han creado un argumento con unas situaciones totalmente inviables. Pero no, es rigurosamente cierto.
La Junta de Andalucía tiene muchos problemas, uno de los cuales es de oído. No oye cosas que retumban como truenos y sin embargo oye sonidos que no se producen.
En la comunidad más atrasada y con peor calidad de vida de España, con unos índices de paro tan altos como bajos son los del nivel educativo, a la altura de un país subdesarrollado en tantas y tantas cosas, resulta que “el clamor popular“, según los jerifaltes de la Junta, es que reclamen al gobierno central las competencias sobre el Guadalquivir, por lo que prometen que se las van a exigir al próximo gobierno.
Yo, la verdad, todavía no he oído a nadie que le importe un rábano quién tiene las competencias sobre el Guadalquivir, mientras que millones de personas no duermen, entre otras cosas porque a finales de julio la comunidad rozaba el 30% de paro. También preocupa a mucha gente (a los políticos no, por cierto) que haya una tasa de abandono escolar de más del 38% (muy por encima del doble de la media de la Unión Europea). O el hecho de que actualmente miles y miles de familias dependan totalmente y exclusivamente de Cáritas para comer o para pagar el alquiler. Eso sí. Quien tenga las competencias sobre el Guadalquivir no le importa a nadie. De ahí se deduce que los políticos de la Junta tienen alucinaciones auditivas.
Al mismo tiempo, no se enteran de lo que es vox populi a gritos. No se habían enterado de nada de los ERES falsos, o del caso Mercasevilla, a pesar de que hay documentos abundantes que prueban que los más altos cargos de la Junta no sólo los conocían, sino que los alentaban. Y ahora dicen que tampoco se habían enterado del fraude de las subvenciones para contratar a discapacitados físicos, que se producía desde hace más de dos años.
Determinadas empresas contrataban a sordos (otra vez el oído) como telefonistas. Por ello recibían de la Junta el 75% del salario de estas personas. Los despedían en cuanto expiraba el periodo de prueba, no les pagaban el salario y, por supuesto, no devolvían el dinero de las subvenciones. E inmediatamente contrataban a otros y a seguir trincando. También, en un rizar el rizo de esta burla cruel, contrataban a personas de movilidad reducida para realizar ventas fuera de las instalaciones de la empresa, sin proporcionarles medios de trasporte ni pagarles los desplazamientos. Ya se han localizado a más de 200 personas afectadas. Y se descubrirán más. Pero, oye, hasta que ahora Comisiones Obreras de Granada ha presentado una denuncia, la Junta no se había enterado de nada.
Está claro. El próximo presidente de la Junta, en lugar de tantos asesores nombrados a dedo, que tenga un otorrino de guardia.
Actualización: El Consejero de Empleo ha quedado en evidencia. Aunque aseguró no saber nada del asunto, resulta que ya en el mes de abril el sindicato presentó una denuncia por el hecho, que es un fraude de alrededor del millón de euros. La Junta realizó la Inspección de Trabajo y tapó el asunto. Cuatro meses después, el Consejero declara ante micrófonos que no sabían nada del tema.
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